El Secretario General de la CTA de los Trabajadores, compañero Hugo
Yasky junto a Eduardo Basualdo, director de Cifra, participaron de la
convocatoria que hizo la Comisión de Presupuesto y Hacienda y la
Comisión Previsional, para conocer la opinión de distintos sectores
alrededor del proyecto de Reforma Previsional y Sinceramiento Fiscal, lo
que denominan la Ley Ómnibus.
El rechazo surge de la consideración que son temas absolutamente
distintos, que requieren un tratamiento particular cada uno de ellos y
no pueden aparecer como parte de una ley de esas características.
Hugo Yasky:
Lo primero que planteamos es que a principios de la década del 90,
cuando se discutió en el Congreso el proyecto para privatizar YPF, uno
de los mascarones de proa que se utilizó, el principal, fue que esa ley
iba a servir para saldar la deuda histórica con los jubilados. En pocas
palabras, se utilizó a los jubilados para abrirle paso y legitimar el
proyecto de privatización de YPF. Hoy lo recordamos y dijimos que es
sintomático que aparezcan en un mismo paquete el tema del pago de la
deuda con los jubilados y el sinceramiento fiscal, que en realidad no es
otra cosa que un blanqueo, con el que se pretende beneficiar a todos
aquéllos que fugaron dinero del país eludiendo el pago de impuestos y de
alguna manera estafando no solamente al fisco, sino al conjunto de los
argentinos, sobre todo a aquéllos que somos los argentinos de a pie, que
pagamos puntualmente el IVA, porque cada vez que compramos una bolsa de
comida tenemos que pagarlo, o que pagamos el impuesto a las ganancias.
Para nosotros no hay posibilidades de evasión.
Sintomáticamente los dos proyectos aparecen en un mismo envoltorio.
No corresponde vincular entre sí Reforma Previsional, blanqueo de
capitales y reforma fiscal. Son tres temas absolutamente distintos, que
requieren un tratamiento en particular cada uno de ellos y no pueden
aparecer como parte de una ley ómnibus.
Uno de los que habló con un tono muy crítico, Manuel Gaggero, dijo
que más que una “ley ómnibus”, habría que denominarla “ley tren
fantasma”.
Dentro de los temas previsionales se incluyeron programas de
reparación histórica a jubilados y pensionados. Este programa de
reparación histórica, en realidad plantea que se debe declarar la
emergencia previsional como parte de la estrategia para saldar la deuda
con los jubilados. Y plantean que para poder saldar esa deuda, que es
pagarle a los jubilados que ya ganaron los juicios, y por lo tanto
tienen ese derecho ganado, es cosa juzgada, como se planteó hoy, no
tienen que estar sujetos a ninguna emergencia ni a ninguna otra cosa que
no sea que el Estado pague las sentencias, como se venía haciendo hasta
ahora, a razón de 4000 sentencias por mes.
Lo que se plantea ahí es toda una trama según la cual el fondo de
garantías de sustentabilidad, que es el que sostiene la movilidad
jubilatoria, el pago de las jubilaciones, ese fondo tendría que ser,
según el proyecto de ley, la fuente de los recursos para poder saldar
esta deuda histórica y entre los componentes de ese fondo aparece de
manera muy particular, la posibilidad de la venta de las acciones de las
empresas oligopólicas que hoy tienen un director estatal, porque de
rebote de lo que fue la recuperación del sistema jubilatorio que estaba
en manos del sector privado, el Estado se hizo de una cantidad de
acciones, que las AFJP habían comprado para especular con la compra y
venta de acciones, que tenían un precio a la mañana y otro a la noche,
según les conviniera para especular y que lo hacían utilizando los
recursos de los jubilados.
Es decir que de esa reivindicación histórica que fue recuperar el
sistema jubilatorio y sacarle el pedazo de carne de la boca a las AFJP
EL Estado se terminó haciendo de una cantidad de acciones que pertenecen
a empresas líderes, que hoy tienen directores nacionales y que por
supuesto, ante el cambio de gobierno y ante la orientación claramente
neoliberal y proempresaria del gobierno de Cambiemos, todos estos grupos
empresarios han hecho fuertes presiones, lobbies muy poderosos
reclamando que este gobierno, al que nosotros le abrimos la puerta,
ayudamos a que llegue a la Casa Rosada, ahora entre otras cosas nos
tiene que retribuir, entre otras cosas recuperar las acciones, es decir,
una venta a precio vil que les permita a ellos sacarse de encima a los
directores estatales que les molestan mucho y de paso recuperar las
acciones.
Resulta ser que toda esta operación la venden con el envoltorio
atractivo que va a ser para beneficiar a los pobres jubilados que así
van a poder encontrar la solución a sus demandas de que se les pague la
deuda por los juicios que ganaron.
Todo un embrollo que no tiene pie ni cabeza, y que la única explicación
que tiene es el intento de por un lado desfinanciar el fondo de
sustentabilidad, y por el otro, como en una jugada a dos bandas hacer
que estos grupos económicos recuperen las acciones que en el pasaje a la
órbita estatal, quedaron en manos del Estado nacional.
Por supuesto, no escapa a la mirada de quien tenga un mínimo de
objetividad, que si en el futuro el sistema resultara ser insustentable,
se estarían dando las condiciones necesarias para que algunos vuelvan
sobre la solución privatizadora, que en definitiva es un proyecto los
neoliberales siguen teniendo entre ceja y ceja.
Lo planteé, dije que si alguna cosa buena hizo el gobierno de
Cristina Kirchner en relación con los jubilados fue haber recuperado la
jubilación para el sector público. Que habíamos sido saqueados por la
voracidad de los grupos financieros y la complicidad del gobierno que en
ese momento procedió a la privatización del sistema jubilatorio bajo
las presiones del Banco Mundial. Todo una madeja de intereses que
terminó haciendo que los jubilados en este país tuvieran que no
solamente tener una jubilación miserable, sino que muchos quedaran sin
la cobertura.
Cuando comencé la exposición expliqué que gracias a la recuperación del
sistema jubilatorio para el sector público, hoy la Argentina tiene la
cobertura más alta de América Latina, y una de las más altas del mundo
el 98% y que si hubiésemos seguido con la jubilación privada, hoy
estaríamos como están los compañeros de Chile, donde hay un drama
social, porque una mitad de los trabajadores que no han hecho aporte y
no tienen jubilación.
Con respecto al costo fiscal, en base a la información oficial que
tendría el sostenimiento de este esquema de pago de la deuda que plantea
el gobierno, nosotros estaríamos llegando a un aumento casi del 20% del
déficit fiscal y el gasto en seguridad social, que en el 2016 fue de
622.448 millones de pesos anuales en el estado actual. Con la reforma
esto se elevaría un 20%, casi a 745.000 millones, con lo cual está claro
que este esquema nos llevaría con el tiempo a una situación de
desfinanciamiento.
Si bien aparentemente esta reparación histórica que persigue el
gobierno con el argumento de beneficiar a una porción de los jubilados
que empezaron diciendo eran 2 millones y medio los que se iban a
beneficiar con este cambio, con esta emergencia previsional, si se
aprueba la ley, y hoy estaba claro que no llegaba a un universo de un
millón de jubilados, con lo cual estamos hablando de un cambio del
sistema que pone en riesgo el fondo de sustentabilidad para
“beneficiar”, porque tampoco está claro que los beneficie, solamente al
15% del universo de los jubilados.
Además, si bien en las apariencias de esta “reparación histórica” que
persigue el gobierno con el argumento de beneficiar a una porción de
los jubilados, que empezaron diciendo que eran 2 millones y medio los
que se iban a beneficiar con este cambio, con esta emergencia
previsional, si se aprueba la ley y hoy estaba claro que no llegaba a un
universo de un millón de jubilados, con lo cual estamos hablando de un
cambio del sistema que pone en riesgo el fondo de sustentabilidad para
“beneficiar”, porque tampoco está claro que los beneficie, solamente al
15% del universo de los jubilados. Esto por un lado, el otro tema es que
así como está planteado el financiamiento de esta medida que
incorporaría la posibilidad de la venta de las acciones de las empresas
que se recuperaron después de la estatización del sistema jubilatorio,
esto se podría convertir en un boomerang contra el propio sistema
jubilatorio, que podría tornarlo insustentable.
Las acciones que actualmente tiene el gobierno son aproximadamente de
5673 millones de pesos, y es de todos los recursos que tiene el fondo
el de más alto rendimiento produce. Incluso ellos plantean que quizás la
venta convenga para evitar que esas acciones en el futuro pierdan
valor, lo cual es una gran mentira, porque esas son acciones de empresas
muy poderosas que tienen alta cotización en bolsa. Con leer algunos
nombres de las empresas nos podemos dar cuenta de qué manera tratan de
disfrazar la realidad: Banco Macro, Telecom Argentina, Siderar, Molinos
Río de la Plata, Banco Francés, Grupo Clarín, Banco Patagonia, Aluar,
Transportadora de Gas del Sur, Petrobrás Argentina. Éstas serían
supuestamente las empresas que podrían entrar en quebranto en el futuro y
por lo tanto convendría deshacerse de las acciones.
Está claro que es una gran mascarada para mostrar como persiguiendo
un fin loable, el intento de recuperar esta joyita que los grupos
económicos quieren volver a tener en sus manos.
Así que bueno, nuestra posición fue clara. Nos oponemos a este
proyecto, reclamamos que se sale de la deuda con los jubilados sin poner
en riesgo los fondos que garantizan la movilidad jubilatoria y de los
recursos del Ansés; pedimos que esos fondos se sigan utilizando para el
apalancamiento de la economía, como planteaba hoy el ex diputado Santín,
que dio un ejemplo muy concreto de cómo los recursos del fondo de
sustentabilidad han generado emprendimientos productivos que han
beneficiado a la economía y han dotado de mayores recursos al Ansés y un
capítulo aparte fue la consideración de la propuesta de instituir
también, como parte de esta suerte de filantropía del gobierno de
Cambiemos en relación con los jubilados, una pensión para las mujeres
que en realidad termina siendo una trampa, porque hasta ahora el sistema
jubilatorio argentino viene produciendo moratorias que les permite a
quienes no pudieron completar sus aportes al beneficio de la jubilación.
Partiendo de la base de que ningún trabajador elige llegar hasta los
65, 70 años trabajando sin hacer aportes por una cuestión doctrinaria,
vocacional o porque lo elige como un modo de vida. El trabajador que no
hace aportes y trabajó toda su vida fue víctima de una situación de
abuso patronal, entonces a las mujeres, que son en particular, en el
mundo laboral, las que más sufren ese abuso patronal, porque hay un 35%
de trabajadores no registrados, pero en promedio son muchas más mujeres
que hombres quienes componen ese porcentaje. La mujer que es el sector
más castigado porque trabaja en el hogar, fuera del hogar y ninguno de
esos dos trabajos se le reconoce como parte de su derecho a jubilarse,
se le viene a ofrecer la solución de darle la posibilidad de acceder a
una pensión, según esta ley “a todas las personas que no hayan hecho
aportes se les concederá el beneficio de una pensión, que a partir de
los 65 años de edad le garantizará el 80% del haber mínimo
jubilatorio”.
Traduciendo esto, toda persona que a los 65 años no tenga hecho aportes
podrá beneficiarse con una pensión. Si la persona en cuestión es mujer,
está claro que le estamos elevando la edad jubilatoria en 5 años, porque
la mujer se jubila a los 60. Cuando rija esta ley va a tener que llegar
a los 65 para poder acceder a una pensión equivalente al 80% de la
mínima, es decir 20% menos de lo que cobraría ahora acogiéndose al
beneficio de la moratoria a los 65 años. Cinco años más para llegar a un
haber 20% menor que la mínima jubilatoria. Esto es lo que muestran como
una ventaja.
A raíz de esto, la Secretaría de Igualdad de Género emitió un pronunciamiento que dice:
“La propuesta lleva la edad jubilatoria de las mujeres a los 65 años, es
decir, nos aumenta 5 años y de esa manera nos equipara a los varones.
Esta decisión desconoce todo el trabajo de cuidado y doméstico que hacen
las mujeres toda la vida. Más del 75% de las tareas domésticas y de
cuidado recaen en las mujeres. Según informe del Indec, las mujeres
trabajan 3.5 horas más por día que los varones. La desigualdad de género
que persiste en el mercado laboral son llevadas al sistema previsional.
La informalidad de la mujer está cercana al 40%. El trabajo a tiempo
parcial es mayor para las mujeres y crece cuanto más hijos o personas
dependientes a cargo en el hogar la brecha salarial es cercana al 30%”.
Todos elementos que muestran claramente que lo que se pretende mostrar
como una suerte de proyecto, producto de la sensibilidad social y el
intento de mejorar el sistema jubilatorio, es en realidad un macaneo que
aplica una serie de medidas que representan una involución.
Y lo último para señalar es la persistencia en lograr el objetivo de
imaginar un sistema jubilatorio basado en la desigualdad. Es decir, el
peronismo cuando instituyó el sistema jubilatorio en la Argentina, lo
hizo con un criterio solidario. El que más aportó durante su vida,
porque tuvo los mejores ingresos y por lo tanto pudo construir las
mejores condiciones materiales de vida, entregaba esos aportes a un
fondo común para garantizar una jubilación solidaria que en el último
tramo de la vida del trabajador tendía a mitigar las desigualdades entre
los que más ganaban y más aportaban y los que menos ganaban y menos
aportaban y con ese criterio igualitario, sobre la base de la
solidaridad entre los aportantes, que son los trabajadores activos, se
construyó un sistema jubilatorio que luego fue sustituido por algo
parecido a lo que tenemos en el cual la jubilación tenía que ver con el
aporte individual que es algo, en términos de concepción, más parecido
al sistema de capitalización individual que promueven los privatistas y
los neoliberales. Es decir, al que más mérito hizo, al que mejor
resolvió el mercado laboral su trayectoria personal, logró éxito y ganó
más, le corresponde porque hizo más aportes, más jubilación. Este
criterio que aparentemente para el sentido común de muchos es razonable,
cristaliza las desigualdades y genera esa idea de que aquéllos que son
los más aptos, los mejores, son los deben recibir el mejor beneficio. Y
nosotros creemos que no. Creemos que el sistema jubilatorio tiene que
garantizar un ingreso que permita vivir con dignidad. Así como nos
parecen horrendas las jubilaciones de privilegio, del mismo modo nos
parece que las jubilaciones tienen que tener en todo caso, una variación
dentro de un sistema que garantice condiciones de vida digna para el
jubilado.
Hoy se planteaba algo que es real, la jubilación mínima de bolsillo,
que es la que cobra la mayoría de los jubilados del sistema, es de $4810
en este momento. Eso revela la miseria que recibe la mayoría de los
jubilados de este país aun después de haber recuperado el sistema y aun
después de haberse aplicado la Ley de Movilidad jubilatoria. Sigue
siendo absolutamente necesario, tan necesario como saldar la deuda con
los jubilados, saldar la deuda con los que cobran la mínima.
Hoy muchos lo plantearon y creemos que es de estricta justicia la
necesidad de un aumento de emergencia. Si acá se está hablando de
premiar a quienes habiendo fugado capitales, habiendo evadido del
Estado, habiendo cometido actos ilícitos pueden volver a traer esos
capitales al país, ni siquiera para producir, porque eso lo explicó muy
bien Basualdo. En la repatriación de capitales no pone como condición
sine qua non la inversión productiva, sino es simplemente blanqueo. Si
eso pueden hacer y dicen como un acto de justicia los que evadieron
capitales, cuánto más se justifica para los que cobran $4810 pesos el
aumento de emergencia para poder empezar a discutir en serio. Porque
discutir saldar la deuda histórica y mirar para el costado cuando
sabemos que hoy con los aumentos de precio que ha habido ha quedado
totalmente desfasada la jubilación, es poco menos que cinismo,
hipocresía. Lamentablemente hoy encontramos en muchos diputados esa
máscara de cinismo, de mirar para el costado, cuando hasta los propios
jubilados, en las distintas intervenciones que hicieron dijeron: no nos
usen a nosotros para encubrir un blanqueo de capitales y una reforma
impositiva, tributaria, en la que increíblemente vuelven a darle más
beneficios a los que más tendrían que pagar y a costa de los que menos
tienen.
Éste fue el posicionamiento de la CTA y por supuesto dijimos que
estamos en contra de esta modificación, de esta emergencia previsional y
también de lo que se denomina proyecto de sinceramiento fiscal, que en
realidad de sinceramiento no tiene nada.
CTA NACIONAL
Que deje sin efecto el tarifazo en la provincia de Buenos Aires.
