Las designaciones que llevan la firma del Presidente Mauricio Macri
son contrarias a las políticas de defensa de los Derechos Humanos que se
encarnaron en nuestro Pueblo, como el avance en las condenas a los
genocidas, la restitución de nietos apropiados, la recuperación como
espacios de memoria de ex centros clandestinos de detención, el
reconocimiento del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia, políticas que defenderemos sin dar un paso atrás.
MARÍA REIGADA - Sec. de Derechos Humanos
CTA Provincia de Buenos Aires
Militares retirados que se reciclan en cargos en Defensa
Tienen antecedentes que los vinculan a la dictadura, por lo que en
algún momento quedaron afuera de las listas de ascensos. Sus
nombramientos no atravesaron los controles internos que se utilizaron
hasta diciembre.
Por Alejandra Dandan
En el cuarto piso del edificio Libertador, Mauricio Macri colocó a un
coronel retirado, Osvaldo Hipólito Jesús Tosco. Sin nombramiento en el
Boletín Oficial, Tosco aparece en el sistema interno del Ministerio de
Defensa como Director General de Política Internacional de Defensa,
según la confirmación a este diario desde su despacho. Tosco es clase
1952. En 1975 tuvo como destino como subteniente el GAM 8 (Grupo de
Artillería de Montaña) de Uspallata desde donde salió en comisión a la
Fuerza de Tarea Cóndor, que a partir del 24 de febrero de 1975 fue parte
del Operativo Independencia. El asiento del FT Cóndor fue el actual
departamento de Lules, por entonces parte de Famaillá. Según la
investigación que realizan los organismos de derechos humanos del NOA,
en Lules se investigan 25 hechos de lesa humanidad, entre los que hay
dos personas desaparecidas y dos asesinadas. En enero de 1977, ascendido
a teniente, Tosco pasó al GADA 601 de Mar del Plata con funciones de
educador. De acuerdo a un informe provisto a este diario por las
antiguas autoridades del Archivo Nacional de la Memoria, el 1º de junio
de 2012 un ex conscripto declaró ante la Secretaria de Derechos Humanos
de Nación que en Mar del Plata recibió formación “para torturar e
interrogar prisioneros” de parte de varios instructores, entre los que
mencionó al propio Tosco. Los organismos de derechos humanos del NOA
escribieron una carta a Macri con su rechazo a la designación.
Consultado por este diario, Tosco confirmó su nombramiento y la ruta de
servicios para el Ejército pero niega los cargos vinculados al accionar
represivo (ver aparte).
Tosco es sólo uno de los militares retirados que el nuevo gobierno
está ubicando en puestos de conducción del ministerio de Defensa. Sus
nombramientos no atravesaron las instancias de controles internos de
antecedentes que se usaron hasta diciembre para la designación de
militares. Pero los antecedentes vinculados a la dictadura de hombres
formados en la vieja escuela del Ejército, no son el único problema para
sus designaciones. En un escenario de agite de la guerra contra las
drogas y con el ministro Julio Martínez que publica en su página web
encuentros con los embajadores de Estados Unidos e Israel (“Se trata de
dos países amigos que tienen la necesidad de trabajar conjuntamente.
Tenemos la instrucción del presidente de la Nación de abrir fronteras,
de unirnos y de fomentar las relaciones bilaterales”, dijo Martínez),
una de las preocupaciones que aparece es el impacto que puede tener la
ubicación de estos cuadros en el rol del ministerio y el paradigma de la
conducción civil de las Fuerzas Armadas, que empezó a gestarse con la
transición democrática.
Macri designó hasta ahora y, por lo menos, a otros dos coroneles
retirados en niveles de subsecretarios. Ambos fueron designados por
decretos publicados en el Boletín Oficial, uno como subsecretario de
Planeamiento Estratégico y Política Militar y otro como subsecretario de
Formación ambos dependientes de la Secretaria de Estrategia y Asuntos
militares, actualmente a cargo de Angel Tello, primero funcionario de la
Alianza en Defensa, luego viceministro de Horacio Jaunarena durante el
duhaldismo, por entonces fervoroso activista de la actuación militar en
cuestiones domésticas. Antiguos funcionarios de la cartera sostienen que
la designación de militares en estos puestos no sucedía desde la última
dictadura militar. “La idea de que los militares no puedan inmiscuirse
en cuestiones políticas es un mecanismo que ha permeado y es parte de la
construcción del pacto democrático institucional en Argentina”, señala
la socióloga Lorena Balardini, becaria doctoral del Conicet, ex
coordinadora del área de investigación del Centro de Estudios Legales y
Sociales. “Un cambio en ese sentido –que no quiero llamar retroceso
directamente– por el cual la política de defensa esté en manos de
personal militar es preocupante y requiere como mínimo de un debate
público.”
Entre los militares promovidos además de Tosco, está el coronel
retirado Eduardo Thenon, como subsecretario de Formación. El coronel
retirado Hugo Patricio Pierri quien quedó a cargo de la subsecretaria de
Planeamiento Estratégico y Política Militar, dependiente de la
Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares. Y en la última semana fue
nombrado Antonio Marcelo Serangeli como subsecretario de investigación,
desarrollo y producción para la Defensa de la Secretaría de Ciencia,
Tecnología y Producción un área con incidencia en Fabricaciones
Militares. Serángeli que también es presentado en el boletín oficial
como “licenciado”, revistaba en 2011 como comandante del Batallón de
Infantería de Marina 5 en Río Grande.
Quién es quién
Osvaldo Tosco se retiró del Ejército con grado de coronel en febrero
de 2004. Según su legajo, en diciembre de 1973 concluyó la instrucción
en el Colegio Militar y el 10 de enero de 1974 fue destinado al GAM 8 de
Uspallata con grado de subteniente. Desde ese destino, pasó “en
comisión” a la zona de operaciones de Tucumán durante el Operativo
Independencia. Como le recuerdan al presidente los organismos de
derechos humanos del NOA en su carta, el Operativo Independencia fue el
comienzo del plan represivo en Argentina con la ocupación del territorio
tucumano por parte de miles de efectivos del Ejército. Tosco tuvo tres
comisiones en Tucumán: del 22 de marzo y al 16 de mayo de 1975; del 1 de
octubre al 17 de noviembre de ese mismo año y del 25 de enero al 9 de
marzo de 1976.
Siempre de acuerdo a su legajo, en la primera etapa se movilizó como
parte de la FT Cóndor y a partir de la segunda en la denominada FT
Chilavert. Ahora bien, según los datos de los organismos de Tucumán, la
FT Cóndor estuvo integrada por dos escuadrones de Combate: el GAM 8 de
Mendoza y el Regimiento de Infantería de Montaña 22 –RIM 22–, ambos
dependientes de la VIII Brigada de Infantería de Montaña
(Mendoza)-Subzona 33. El FT Cóndor, así formado, comenzó a operar el 24
de febrero de 1975 con el Plan Táctico de Operaciones 2, poco antes del
traslado de Tosco a la zona.
El FT Cóndor tuvo bajo su responsabilidad el territorio de Lules que
entonces era parte Famaillá. La base de operaciones estuvo en el ex
Ingenio Lules, un lugar que funcionó como centro clandestino de
detención. La dimensión que alcanzó la presencia del Ejército sobre ese
territorio tal vez explique porqué un hombre como él todavía no figura
entre los investigados por la justicia en esa zona: sólo en ese
departamento de 6.044 habitantes se encuentran identificados por lo
menos 10 lugares de detención ilegal, desde una comisaría hasta el casco
del Ingenio o la Usina de agua y energía. El jefe de la FT Cóndor era
el Teniente Coronel Juan Rocamora. Como todas las FT, ésta tuvo un
Estado mayor al mando de un Teniente Coronel y una plana mayor reducida
con dos unidades de combate con unos 260 hombres. Tosco integró uno de
los dos escuadrones de combate sin puesto de dirección. En ese sentido
su caso se parece al de César Milani. A diferencia de los altos mandos,
los militares de menor jerarquía suelen aparecer imputados en una causa
cuando hay pruebas directas sobre la participación en hechos
específicos. La ausencia de esas pruebas es una de las razones por las
que hasta ahora puede no haber sido imputado, pero no la única: la otra
es la demora en la evolución de las causas a cuarenta años de los hechos
en zonas con una devastación arrasadora.
El dato más indicativo en su legajo, sin embargo, aparece más tarde
en Mar del Plata. Entre 1977 y 1978 estuvo en Mar del Plata, Buenos
Aires y Campo de Mayo. Ascendido a teniente en diciembre de 1976, pasó
al GADA 601 (Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea) de Mar del Plata
como educador el 5 de enero de 1977. El período coincide con la fecha en
la que estuvo el ex conscripto que declaró en 2012 ante la Unidad
Especial de Obtención de Datos Sensibles sobre delitos de lesa humanidad
de la Secretaría de Derechos Humanos. De acuerdo, a la información del
antiguo ANM el denunciante que pertenece a la clase 1959, entró al
servicio militar el 13 de marzo de 1978 y tuvo como destino el GADA 601
de Mar del Plata, lugar en el que Tosco revistó hasta octubre de ese
año.
“Al llegar le hicieron entre 45 y 60 días de instrucción”, señala la
denuncia. “Durante ese período recibieron instrucción de lucha en
distintas localidades”. Durante la instrucción, “tanto en la primera
parte, pero sobre todo en la segunda recibieron formación para torturar e
interrogar prisioneros”, dijo. La instrucción la recibieron de parte de
distintos suboficiales a los que nombró y también mencionó al Teniente
Primero Tosco.
“Una noche –agregó en su denuncia–, al dejar la guardia en el Hotel
Provincial donde cuidaban a la selección de Brasil, me fui para el
cuartel. Pasé por la guardia al dirigirme a descansar a la Batería C,
ubicada en el bosque de eucaliptos. Cuando avanzamos, vimos entrar a un
camión Unimog que estacionó al otro lado de la Plaza de Armas, desde
donde vimos bajar personas vendadas y esposadas. Las bajaron a los
golpes”. Con el denunciante había otros dos colimbas. Al otro día, los
dos colimbas desaparecieron pero a él le dijeron que habían desertado.
A cara pintada
Hugo Patricio Pierri es nombrado en el decreto de designación sólo
como “licenciado”. Fue uno de los militares que tuvo objeciones en el
ascenso de su carrera militar. La Constitución atribuye al presidente de
la Nación la facultad de promover los ascensos de oficiales superiores
de las Fuerzas Armadas con acuerdo del Senado. Hasta diciembre del año
pasado, los ascensos tenían dos tipos de control. Uno interno, dado que
la lista elaborada por al Junta de Calificaciones del ministerio de
Defensa pasaba por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio, la
Secretaria de Derechos Humanos de Nación y era revisado por organismos
de derechos humanos. Y otro externo, cuando la lista resultante
ingresaba a la Comisión de Acuerdos del Senado y luego era sometida a
votación en la Cámara. Como señala el informe 2015 del CELS, en el
análisis del capítulo de Milani, esa segunda instancia abre las puertas
al control de la sociedad civil sobre los nombramientos dado que la
“publicidad de los pliegos y la posibilidad de presentar observaciones
se encuentran estipuladas en el reglamento del Senado, que establece el
mecanismo de participación ciudadana”. Pierri no logró atravesar alguna
de esas dos instancias. Y en el año 2013 consiguió el apoyo de los
entonces diputados Patricia Bullrich y Federico Pinedo que presentaron
un proyecto de resolución para convocar al ministro Agustín Rossi a la
Comisión de Defensa Nacional de la Cámara baja para que dé explicaciones
sobre los criterios adoptados por el Estado argentino en las políticas
de ascensos de oficiales superiores y jefes de las FF.AA. Entre los
argumentos dieron los nombres de algunos militares objetados: la lista
incluyó el nombre de Pierri.
Una de las razones pueden rastrearse poco tiempo atrás. El 1º de
diciembre de 2011, un organismo de derechos humanos “informó”, pero no
impugnó, en la consulta de Defensa un antecedente de Pierri. Su nombre
aparecía en una nota periodística del diario La República de Corrientes.
Consideraron que era necesario ponerla en consideración y aconsejaron
la búsqueda de mayor información. La nota era junio de 2005 y daba
cuenta de un confuso episodio cuando una delegación del Equipo Argentino
de Antropología Forense y otros integrantes de la Comisión de Derechos
Humanos de la provincia se dirigía al predio conocido como La Polaca, un
ex centro clandestino de detención a realizar investigaciones. En dicha
ocasión los investigadores se toparon con un nutrido grupo militar.
Aunque el predio no pertenecía al Ejército, Hugo Patricio Pierri
–entonces jefe del Grupo 3 de Artillería– explicó ante la consulta del
diario que estaban haciendo ejercicios militares.
A más de diez años del episodio, Página/12 pudo saber que aquella
comisión en realidad de topó con camiones del Ejército y soldados que
los recibieron FAL en las manos, las caras pintadas y una posición
intimidante. Pablo Vassel era subsecretario de derechos Humanos de
Corrientes y ese día integró la comisión. “Nos encontramos en Paso de
los Libres, a 360 kilómetros de Corrientes, para trabajar en La Polaca
con un grupo integrado por los fiscales Germán Wiens, Flavio Ferrini y
Benito Pont; del EAAF Silvana Turner; el presidente del Colegio de
Abogados de Paso de Los Libres Juan Carlos Coulleri con dos abogados
como querellantes de la causa”, dice Vassel. “Era la primera vez que
íbamos a entrar al predio que si bien es privado –dado que pertenece a
la familia Bompland– está ocupado por el Ejército. Al llegar a La
Polaca, distante a 10 ó 15 kilómetros de la ciudad, pasamos por un
camino de tierra por el que obligatoriamente había que pasar a 200
metros de la entrada. Allí nos esperaba una columna de dos o tres
camiones de militares armados con FAL y con la cara pintada. Era una
actitud claramente intimidante y todos lo entendimos así”, explica. “En
ningún momento se acercaron a hablarnos pese a que el predio era
militar, que nos detuvimos en la entrada y que varios de nosotros
estábamos de saco y corbata en medio del campo. Por esa circunstancia y
como no teníamos orden de allanamiento, no entramos al predio. Yo no
sabía que el hombre que estaba a cargo de ese operativo era Pierri (NdR:
dato que sí figura en el diario de Corrientes). Y aclaro que por la
conmoción que generó el tema en Libres, ciudad de 40 mil habitantes, él
no podía desconocer nuestra visita.”
Coullieri explicó al diario La República que los militares estaban expresamente avisados.
“No se trata de un hecho casual –dijo en ese momento–, ya que el
Ejército sabía ya con mucha antelación que iba a llegar el equipo de
antropólogos, junto a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos
de la Provincia.” Actualmente, Vassel repite que “para todos nosotros
fue una maniobra intimidante: era la primera vez que queríamos entrar al
predio y como Libres es una ciudad con mucha presencia militar cada vez
que viajábamos hacíamos una movida con los medios para preservar a los
abogados”.
Fuente: Pagina12
