El Proyecto de Ley de Presupuesto presentado por el oficialismo
refleja clara y crudamente el plan de ajuste neoliberal que el gobierno
ya está aplicando y que pretende profundizar en el año 2017.
Los
sueldos de los trabajadores son la principal variable de ajuste que
proponen, intentando fijar una pauta salarial para el próximo año que no
supere 17%, sin dar lugar a adicionales provenientes de las
negociaciones paritarias. Queda claro que la intención es “cristalizar”
la distribución del ingreso resultante de la devaluación de este año,
sacrificando el salario real y el poder adquisitivo de la población en
nombre de la “lucha contra la inflación”.
En lo
específicamente referido al “gasto” público en educación, tal como en
los años ´90, se vuelve al enfoque de las políticas “focalizadas” (en
segmentos etáreos, estratos sociales o regiones geográficas), afirmando
que “se priorizará la Educación Primaria y Secundaria”. La Educación
Superior y el Nivel Inicial no están considerados dentro de los “Gastos
Prioritarios”.
Lo que mejor muestra las contradicciones entre las
promesas del gobierno y las realizaciones efectivas, es la
sub-ejecución de las partidas presupuestarias durante el año 2016. Al 30
de septiembre, se usó apenas el 10,94 por ciento de los fondos
previstos para el Programa de Innovación y Desarrollo de la Formación
Tecnológica; el 19,16 por ciento de lo pautado para Infraestructura y
Equipamiento; el 31,35 por ciento en Acciones Compensatorias y el 30,94
por ciento en Formación Docente.
A esto se suma el desmantelamiento
de equipos técnicos, despidos masivos y cierre de importantes planes y
programas que se encontraban en ejecución, como por ejemplo, el Plan de
Finalización de Estudios Secundarios FINES), el Plan Nacional de
Educación Sexual Integral (ESI) o el Programa Conectar Igualdad. El
programa Nacional de Formación Permanente y en Ejercicio es otro de los
más perjudicados con altos niveles de subejecución, desvirtuándose,
además, los acuerdos paritarios específicamente establecidos sobre este
programa.
Asimismo, se observa discontinuidad en la ejecución de las
obras de infraestructura escolar y de la compra de millones de libros
para su distribución gratuita en todas las escuelas del país. En este
mismo sentido, vale destacar la interrupción del programa presupuestario
“Acciones Compensatorias en Educación” que tenía a su cargo el
otorgamiento de becas para estudiantes de pueblos originarios,
judicializados y enmarcados en Leyes Especiales (como hijos de ex
combatientes de Malvinas, entre otros) y el apoyo a escuelas albergue,
escuelas de educación especial y en situaciones de vulnerabilidad; la
asistencia a centros de actividades infantiles (CAI) y centros de
actividades juveniles (CAJ) y el fomento de programas de extensión
escolar, turismo educativo, campamentos, colonias de vacaciones,
orquestas y coros infanto-juveniles, entre otros.
También se
observa en el proyecto de ley una reducción de 13.039 cargos de planta
permanente respecto al total autorizado por la Ley de Presupuesto del
2016.
En otro orden de cosas, el actual proyecto excluye el
apartado que permitía conocer el grado de cumplimiento de las metas
establecidas en la Ley de Educación Nacional y Ley de Financiamiento
Educativo. Cabe recordar que desde el año 2007 en adelante, el
mensaje del Proyecto de Ley Presupuestaria incluía un informe detallado
sobre el nivel de gasto en Educación, Ciencia y Técnica (diferenciando
el gasto de las partidas en “Cultura”). Llamativamente esto ahora fue
excluido, por lo cual desconoceremos el nivel de cumplimiento anual de
las metas financieras establecidas en la Ley de Educación Nacional
referidas a garantizar la inversión educativa del 6% del PBI.
Una de
las preocupaciones que hoy tenemos es que las autoridades actuales a la
hora de fundamentar el presupuesto incurren en fuertes contradicciones
con todo el discurso acerca de la “pesada herencia” que el mismo
oficialismo ha tratado de instalar desde que llegó al gobierno, y que se
manifiesta a través de las sistemáticas expresiones de todos sus
funcionarios de diverso rango y dependencia. Al respecto, fue el
mismísimo Ministro de Hacienda, quien ha tenido que reconocer, entre
otras cosas, el bajo nivel de endeudamiento externo de la Argentina y el
alto valor del salario real que ubicaba a nuestro país en los primeros
puestos de la región. Sin embargo, ambos “reconocimientos” (bajo
endeudamiento y buenos salarios relativos), son esgrimidos con la
intención de justificar las políticas de endeudamiento externo que este
gobierno ya ha iniciado y que pretende ampliar, como así también la
necesidad de bajar el “costo salarial” como condición para “atraer”
inversionistas.
El Ministro también tuvo que admitir que durante el
año 2015 la economía creció el 2,4% y, a la vez, reconocer que en lo que
va del 2016 la misma economía cayó en términos reales 1,5%. Hoy no hay
ningún indicador que muestre que la caída de la economía vaya a
frenarse. Sin embargo, Prat Gay insiste “intuitivamente” en su
pronóstico optimista y anticipa que para el año 2017 se registrará un
crecimiento del 3,5%.
Hasta ahora ninguna de las predicciones del
actual Ministro se cumplieron en lo que va de su gestión. Por recordar
algunos pronósticos: dijo que “la inflación sería del 25%”, pero a fin
de año llegará al 45% a nivel general y al 52% para los sectores
populares; también afirmó que “no hubo pérdida del poder adquisitivo
para los trabajadores”, pero la diferencia entre inflación y aumentos
salariales en 2016 da valores negativos que van entre el 8 y el 15%
según el sector; tampoco podemos dejar de recordar que al principio del
mandato y en el marco de las promesas de “Cambiemos” se había afirmado
que “si el dólar llegaba a 15 pesos era porque no se habían hecho bien
las cosas”.
Es decir, que no son demasiados los antecedentes que
tiene Prat Gay en “acertar” con sus pronósticos, por lo que nos vemos
obligados a pensar que ese 3,5% de crecimiento presupuestado para el
2017 es casi una quimera o una simple expresión de deseo, más que una
firme posibilidad. Y aun cuando el Ministro acertara por única vez con
su pronóstico, seguramente ese crecimiento no redundaría en beneficios
para los sectores populares. Todo lo contrario, porque lo que refleja el
presupuesto de “Cambiemos” es la profundización del ajuste,
especialmente en educación, salud y en lo que el poder hegemónico llama
“el gasto social”.
MIGUEL DUHALDE - Secretario de Educación CTERA
SONIA ALESSO - Secretaria General CTERA