La Central de los
Trabajadores de la Argentina de la provincia de Buenos Aires presentó
esta tarde, en conferencia de prensa, un vasto informe que desnuda la
puesta en marcha del aparato represivo estatal. Se proyectó un video con
casos de represión y hubo muestras de artistas plásticos.
La presentación fue efectuada por Raúl Calamante y Daniel Pérez
Guillen, secretarios Adjuntos de la CTA provincia de Buenos Aires, María
Reigada secretaria de Derechos Humanos, CTA provincia; Estela Díaz,
Secretaria de Genero de la CTA Nación, Pablo Masciangelo y Juan Muñoz,
Secretario de Finanzas y de Organización respectivamente de la CTA
provincia.
Según ese informe, hay más de 800 casos relevados y registrados que muestran un retroceso en materia de derechos humanos y un ataque sistemático vinculados a las libertades políticas, civiles, sindicales, sociales. Afectando también al derecho a la información y haciendo presión para entorpecer y frenar la investigación sobre terrorismo de Estado, Juicios por delitos de Lesa Humanidad y el reclamo de memoria, verdad y justicia.
Los hechos revelados en este trabajo demuestran que en el periodo que lleva gobernando el frente Cambiemos (UCR-PRO) se produjeron al menos 800 casos de vulneración a los derechos humanos: lo que promedia el triste record de alrededor dos ataques diario en el territorio de la Nación. Y en la provincia de Buenos Aires se contabilizó cerca de 300 hechos de violencia policial contra ciudadanos civiles.
Milagro Sala presa política
El retroceso y el incumplimiento de las políticas de derechos humanos, establecidos en los pactos internacionales y en la Carta Magna Nacional, se evidencia claramente en la arbitraria detención de la compañera Milagro Sala. Considerada por los distintos organismos internacionales como presa política y víctima de una persecución.
De más está señalar que la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Confederación Internacional de los Derechos del Hombre (CIDH) han señalado que la líder de la organización Túpac Amaru debe ser liberada de inmediato.
Pero el de Sala no es el único caso, el endurecimiento del Accionar Policial y la violencia Institucional, (el COT de Tigre es un ejemplo reiterado de ello) parecen responder a una orden o tolerancia hacia esos abuso de autoridad, autoritarismo, o directamente un cambio de paradigma, respecto de las libertades individuales y sociales.
Liberación de genocidas
La liberación de detenidos y condenados por delitos de Lesa Humanidad que bajo el pretexto de edad avanzada son eximidos de sus penas bajo la forma de prisión domiciliaria, sin contemplar la gravedad de los hechos por los que fueron condenados, son formas de abandonar las políticas de derechos humanos que años atrás nos llevaron al reconocimiento internacional y que hoy estamos siendo objetados.
El desconocimiento o la confusión que se pretende introducir sobre la cantidad de detenidos desaparecidos durante la dictadura son una verdadera provocación y ofensa que emana de los propios funcionarios nacionales y provinciales y de más alto rango.
A esto se suma sendos ataques a grupos políticos, sindicales y sociales, especialmente a jóvenes. Hechos de violencia que son sistemáticamente ignorados por las autoridades nacionales y provinciales y que se niegan a investigar a fondo. Un ejemplo de ello es el tristemente famoso francotirador de Almagro que atacó a tiros a un local del Partido Nuevo Encuentro cuando este estaba siendo inaugurado. Luego de varios reclamos el agresor fue detenido, luego liberado y resultó ser un aportante circunstancial del partido de gobierno.
El mapa que se dibuja, al ordenar estos sucesos, demuestran un patrón de ataques similares, reiterados durante el transcurso del año y en todos los puntos del país.
De esto se desprende que al menos existe la intención de instalar un nuevo -paradigma- o propuesta política social, en que la violencia del estado ocupa un rol central disciplinado, a su vez que ocurre un empobrecimiento de los trabajadores, conformando un mapa de recesión-represión. Que si no somos capaces de revertirlo, viene para quedarse.
Según ese informe, hay más de 800 casos relevados y registrados que muestran un retroceso en materia de derechos humanos y un ataque sistemático vinculados a las libertades políticas, civiles, sindicales, sociales. Afectando también al derecho a la información y haciendo presión para entorpecer y frenar la investigación sobre terrorismo de Estado, Juicios por delitos de Lesa Humanidad y el reclamo de memoria, verdad y justicia.
Los hechos revelados en este trabajo demuestran que en el periodo que lleva gobernando el frente Cambiemos (UCR-PRO) se produjeron al menos 800 casos de vulneración a los derechos humanos: lo que promedia el triste record de alrededor dos ataques diario en el territorio de la Nación. Y en la provincia de Buenos Aires se contabilizó cerca de 300 hechos de violencia policial contra ciudadanos civiles.
Milagro Sala presa política
El retroceso y el incumplimiento de las políticas de derechos humanos, establecidos en los pactos internacionales y en la Carta Magna Nacional, se evidencia claramente en la arbitraria detención de la compañera Milagro Sala. Considerada por los distintos organismos internacionales como presa política y víctima de una persecución.
De más está señalar que la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Confederación Internacional de los Derechos del Hombre (CIDH) han señalado que la líder de la organización Túpac Amaru debe ser liberada de inmediato.
Pero el de Sala no es el único caso, el endurecimiento del Accionar Policial y la violencia Institucional, (el COT de Tigre es un ejemplo reiterado de ello) parecen responder a una orden o tolerancia hacia esos abuso de autoridad, autoritarismo, o directamente un cambio de paradigma, respecto de las libertades individuales y sociales.
Liberación de genocidas
La liberación de detenidos y condenados por delitos de Lesa Humanidad que bajo el pretexto de edad avanzada son eximidos de sus penas bajo la forma de prisión domiciliaria, sin contemplar la gravedad de los hechos por los que fueron condenados, son formas de abandonar las políticas de derechos humanos que años atrás nos llevaron al reconocimiento internacional y que hoy estamos siendo objetados.
El desconocimiento o la confusión que se pretende introducir sobre la cantidad de detenidos desaparecidos durante la dictadura son una verdadera provocación y ofensa que emana de los propios funcionarios nacionales y provinciales y de más alto rango.
A esto se suma sendos ataques a grupos políticos, sindicales y sociales, especialmente a jóvenes. Hechos de violencia que son sistemáticamente ignorados por las autoridades nacionales y provinciales y que se niegan a investigar a fondo. Un ejemplo de ello es el tristemente famoso francotirador de Almagro que atacó a tiros a un local del Partido Nuevo Encuentro cuando este estaba siendo inaugurado. Luego de varios reclamos el agresor fue detenido, luego liberado y resultó ser un aportante circunstancial del partido de gobierno.
El mapa que se dibuja, al ordenar estos sucesos, demuestran un patrón de ataques similares, reiterados durante el transcurso del año y en todos los puntos del país.
De esto se desprende que al menos existe la intención de instalar un nuevo -paradigma- o propuesta política social, en que la violencia del estado ocupa un rol central disciplinado, a su vez que ocurre un empobrecimiento de los trabajadores, conformando un mapa de recesión-represión. Que si no somos capaces de revertirlo, viene para quedarse.