Desde el año 2010, en nuestro país, conmemoramos el 12 de octubre el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural Americana”. Un reconocimiento simbólico y político a la lucha librada por el conjunto y una expresión de la conciencia y voluntad colectiva de los que habitamos esta tierra de descolonizarnos.
No olvidamos que esta fecha simboliza la llegada del colonialismo europeo a nuestras tierras, que costó el mayor genocidio en la historia de la humanidad, y marcó el inicio de un sistema de dependencia que - salvo algunos momentos luminosos de nuestra historia - se mantuvo por cinco siglos. Un sistema contra el cual hoy nos encontramos luchando. En efecto, nuestra América se encuentra en medio de una coyuntura donde soplan vientos de cambios. Mientras la crisis del capitalismo golpea a Europa y EE.UU, nosotros avanzamos en procesos de unidad, emancipación y construcción de soberanía frente al imperio.
En este proceso participan activamente los movimientos de Pueblos Originarios de toda América. En su lucha, se encuentra presente el espíritu de quienes los precedieron en el camino de la dignidad: Tupac Amaru, Micaela Bastidas, Tupac Katari, Caupolican, Lautaro, entre tantos otros.
En nuestra América, en nuestro país, éste es tiempo de derechos. Y así como hemos avanzado en los Derechos de los Trabajadores, de los Niños y Adolescentes, de la Tercera Edad, debemos avanzar en el cumplimiento de todos los Derechos de los Pueblos Originarios.
Es tiempo de avanzar en el cumplimiento de los derechos expresados en la Declaración de los Derechos de Pueblos Originarios de Naciones Unidas y en la legislación internacional reconocida por nuestro país. La Constitución Nacional se refiere al reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios y el respeto a su identidad y derechos, tarea que el Congreso debe llevar adelante.
El innegable avance producido en Derechos Humanos en los últimos años en nuestro país, debe dinamizar al Congreso y a la Justicia para que se cumpla la legislación existente, que si bien incompleta, brinda un resguardo a los pueblos indígenas que no siempre se cumplimenta y asimismo debe avanzarse en nuevos marcos legales que garanticen lo expresado en la Constitución Nacional. Algunas comunidades de Pueblos Originarios ya han logrado el reconocimiento de sus derechos - si bien parcial, y en algunos casos sujeto todavía a procesos judiciales.
En el balance, reconocemos como un logro importante la incorporación de la educación intercultural y bilingüe dentro de las políticas públicas, que si bien puede juzgarse aún parcial, es un avance en el respeto y reconocimiento de la lengua, cultura e identidad de los pueblos originarios. Son mojones en un proceso de reconocimiento de derechos, la presencia de hermanos indígenas como autoridades municipales, tales como Félix Pérez de Tilcara (Jujuy) y el primer jefe comunal Toba de la historia argentina, Ricardo Sandoval, electo recientemente en el Espinillo (Chaco).
También es un avance el reconocimiento que se hace en la ley de servicios audiovisuales a la representación en diferentes ámbitos de los pueblos originarios y el derecho al acceso a servicios que garanticen la propia comunicación.
Un gran paso en el reconocimiento de la posesión ancestral fue el realizado por la justicia tucumana a la Comunidad India Quilmes, al reconocer “la posesión de las tierras que ocupan pacífica e ininterrumpidamente desde tiempo preexistente al estado nacional, las comunidades indígenas originarias”. Asimismo ordena la suspensión de ejecución de sentencias, actos procesales y administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras.
En lo que está pendiente, en primer lugar, la reparación histórica. El Estado Nacional debe asumir una política de reconocimiento del genocidio cometido contra los Pueblos Originarios, con la consiguiente reparación histórica, máxime, cuando aún hoy hay voces que reivindican ese oscuro pasado.
Resulta de primordial importancia avanzar en la resolución de la problemática de la tierra. La tierra es el eje sobre el cual gira la vida de los Pueblos Originarios en las zonas rurales y selváticas. Demandamos el cese de su depredación, producto de los desmontes, de la contaminación de los suelos, de los proyectos mineros, etc. La continuidad y profundización de muchos proyectos de explotación de los recursos naturales ponen en peligro no sólo la soberanía nacional, sino la propia vida de los habitantes. Frente a estas crudas realidades, reivindicamos la cosmovisión de los Pueblos Originarios que plantea una relación armoniosa con la Naturaleza, donde el hombre no se siente superior ni inferior a las distintas especies que habitan la Tierra, y la naturaleza es vista como dadora de vida; como nuestra Madre.
En nuestro país habitan numerosas comunidades originarias: Tobas, Pilagas, Mocovíes, Diaguitas, Calchaquíes, Mapuches, Wichis, Guaraníes, Coyas, Chiriguanos, Tehuelches, Vilelas, Chorotes, Huarpes, Comechingones, Pampas, Ranqueles, Querandies, Onas, Matacos, Chanes, Quilmes y Chulupís. Es preciso avanzar en políticas públicas que modifiquen sus condiciones de vida, que son, las más de las veces, quienes suelen encontrarse en las peores condiciones sociales. Nos preocupa en particular el desarrollo de políticas destinadas a garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de niños y niñas. Políticas de salud, educación, alimentación e identidad.
También es importante que se desarrollen políticas públicas de identidad, que alcancen a toda la población indígena que habita en zonas urbanas, que hoy constituyen la mayor parte de la población originaria de nuestro país, en el marco de una política de interculturalidad y respeto por la diferencia.
Finalmente, expresamos con toda firmeza el “Nunca Más” hacia la represión de los conflictos que se dan o pueden darse con las distintas organizaciones y comunidades originarias de nuestro país.
Demandamos el esclarecimiento, juicio y castigo para los responsables de los hechos de represión:
De los que fue víctima la comunidad de Chuchagasta (Tucumán) y en la que fue asesinado Javier Chocobar en agosto 2009;
Que sufriera la comunidad Qom La Primavera (Formosa), en noviembre de 2010, y el asesinato de Mario López. Demandas de garantías de seguridad para toda la comunidad;
Sucedidos en Ledesma (Jujuy) en septiembre de 2011, en los que fueron asesinados Félix Reyes, Ariel Farfán, Juan José Velásquez y Alejandro Farfán.
Asimismo reclamamos se investigue la responsabilidad de la empresa Ledesma, por estos hechos y su complicidad con la dictadura militar, sumándonos a la campaña de boicot a la compra de sus productos.
El proceso político que vivimos en nuestra América nos muestra, que es posible transformar la realidad. Seguiremos estando con nuestros hermanos de Pueblos Originarios en todas sus manifestaciones y legítimas luchas por más derechos.
COMISION DE PUEBLOS ORIGINARIOS CTA NACIONAL
