El primero en tomar la palabra fue Frondizi, quien declaró que “junto a Eduardo López y a la Comisión interna de Talleres Protegidos nos presentamos en la Defensoría del pueblo en la unidad especial de Patrimonio Histórico Nacional, bajo la responsabilidad de Andrés Gallardo, para que intervenga a los efectos que se detenga la construcción del Centro Cívico, ya que el lugar fue declarado patrimonio histórico nacional en 1999”. En el encuentro con la prensa, también se dio a conocer que en el lugar existen yacimientos con material histórico de gran valor cultural, algo que no había sido tomado en cuenta por el Gobierno porteño para avanzar con la iniciativa. También, que para el comienzo de la obra la empresa constructora no realizó ningún estudio de impacto ambiental, imprescindible para iniciar cualquier tipo de edificación.
De hecho, esos puntos fueron centrales para el fallo que la titular del juzgado N°6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Patricia López Vergara, dictó en la medida cautelar que emitió el domingo 28. De esta manera, la Justicia la impide al Gobierno porteño "dar inicio a cualquier construcción, emplazamiento preparatorio de obra o afectación del funcionamiento y uso actual de los inmuebles y jardines aledaños del Hospital Borda".
Para Frondizi, el intento de construcción “no avanzó porque los trabajadores del Borda y el Moyano y en permanencia pacífica durante 82 días, custodiando el patrimonio, defendimos el dispositivo de salud mental y el de los talleres protegidos, que es un tratamiento que trabaja con el vínculo, la resocialización y el trabajo productivo de pacientes de salud mental”. Cabe consignar que en los talleres protegidos se fabrican muebles como aparadores, sillas y camas que se usan en los hospitales de la Ciudad. Las obras habían iniciado en el espacio donde funcionan, dentro del predio del Borda, en agosto pasado.
Luego Frondizi esbozó un racconto de los hechos, luego de estos 82 días de conflicto: “como ustedes saben, el 8 de agosto a la madrugada entró la Policía Metropolitana por la calle Perdriel violentando un portón. La empresa armó un cerco perimetral para impedir que los trabajadores pudieran entrar, en donde está la cancha de fútbol, que es donde los pacientes van a hacer deporte. Esa es una muestra de autoritarismo el carácter autoritario de imponer esta obra. Por supuesto que el objetivo de hacer funcionar un centro cívico ahí esconde un negocio inmobiliario de un valor de 420 millones. Nosotros denunciamos eso y nos preguntamos por qué esos millones no los ponen para desarrollar las necesidades de la comuna, como viviendas populares, luminarias, ciudados de los edificios históricos del barrio de la boca. O en escuelas, salud y educación y que el Hospital y los talleres tengan los insumos necesarios. Ese negocio inmobiliario tapona un debate sobre la problemática de salud mental. ¿Por qué no se construyen más talleres protegidos, que son dispositivos ambulatorios, casas de medio camino, un hostal de pre-alta en el Hospital, un polo de salud de la ciudad de buenos aires de manera tal de beneficiar a todos los ciudadanos porteños. Frente a esto hemos realizado un plan de lucha que contó con festivales, paros y charlas, además de una serie de encuentros con legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, para cerrar esta parte del conflicto, el próximo martes 6 de noviembre la comisión interna hará una asamblea para analizar con el conjunto de los compañeros del taller los pasos a seguir. Además, el sábado a las 15 inauguraremos un mural que hicieron compañeros que apoyaron esta resistencia.
CTA NACIONAL
Que
los reclamos planteados por personal de Prefectura y Gendarmería
partieron de una demanda concreta vinculada a una defectuosa liquidación
de haberes.