El martes 24, en el
marco de las Audiencias Públicas del 165º Período de Sesiones de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organizaciones Sindicales
denunciaron violaciones a los DDHH y derechos laborales por parte del
Gobierno Nacional. En representación de la CTA de los Trabajadores, el
Secretario General del SUTEBA, Roberto Baradel, denunció los ataques que
sufren lxs Trabajadorxs desde la asunción del gobierno encabezado por
Mauricio Macri.
Frente a este contexto en que el Gobierno acciona en contra de lxs
Trabajadorxs, Baradel denunció: "Los despidos injustificados de
referentes y activistas, la estigmatización pública de los dirigentes
sindicales y la persecución penal por el ejercicio del derecho de huelga
y de protesta son cuestiones que se repiten en cada rincón de nuestro
país. Varios dirigentes han sido involucrados en procesos penales con el
único objeto de intimidar y neutralizar al activismo sindical, con
medidas como la prohibición de participar en manifestaciones públicas y
la de ingresar a edificios estatales, como la Legislatura e incluso las
Escuelas donde trabajan nuestros representados".
El dirigente destacó la presencia de Sindicatos y Organismos de DDHH para presentar todos los ataques: "Con un grado muy importante de cinismo, el Gobierno negó cercenar Derechos laborales, la represión a los Docentes frente al Congreso y a lxs Trabajadorxs de Pepsico. Hoy estamos presentes las Organizaciones Sociales, la Justicia laboral, los abogados laboralistas, destacando la presencia de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y de todos aquellos que nos preocupamos por defender la plena vigencia de los Derechos Laborales y Sociales. Mientras que por parte del Gobierno hay una actitud totalmente ofensiva".
A su vez, Baradel señaló respecto a la Educación: "En el marco del conflicto salarial docente de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno Nacional y Provincial denegaron el derecho de negociación colectiva a nivel nacional y desplegaron una fuertísima campaña de estigmatización de la lucha docente y sus dirigentes, que intentó operar como disciplinador del espectro de Trabajadores en su conjunto. Incluso, como Secretario General del sindicato fui amenazado, junto a mi familia".
Otro elemento preocupante es la creciente presencia de las fuerzas policiales en la gestión de los conflictos laborales, por lo que el Secretario General sostuvo: "En el caso de los Trabajadores Estatales, en muchas ocasiones fueron las propias fuerzas las que, en las puertas de los Ministerios, comunicaban los despidos e impedían el ingreso de los Trabajadores. Asimismo, durante el conflicto docente, la policía se presentó en las Escuelas para certificar quiénes adherían al paro, mientras que en otras ocasiones se desplegaron grandes números de efectivos para custodiar y, muchas veces, reprimir a los Trabajadores en conflicto".
Por último, Baradel cerró su exposición en la audiencia: "Por todo lo expresado, venimos a hacer esta denuncia, que la lleva adelante el CELS y que agrupó a una serie de Sindicatos por los ataques que hemos sufrido. El Gobierno dice que hubo negociación, pero ocultan que quisieron poner voluntarios, que hicieron una cacería con la quita de personería gremial y que negó protección cuando amenazaron de muerte a mi familia. Claramente, el Gobierno pretende disciplinar a la Clase Trabajadora. Con nuestro reclamo, también estamos exigiendo la libertad de Milagro Sala y justicia y verdad por Santiago Maldonado".
La audiencia contó con la importante presencia de la Secretaria General de CTERA, Sonia Alesso, quien se pronunció en "repudio a la represión a la protesta social y a la persecución a nuestros líderes sindicales". Cabe destacar que participaron Diego Morales (CELS), Matías Cremonte (AAL), ANJUT, Hugo Blasco (CTA Autónoma), Álvaro Ruiz (CGT), Gustavo Ciampa (Corriente Abogados 7 de Julio) y Carla Gaudensi (SiPreBA).
Documento presentación Roberto Baradel
LA PERSECUCIÓN, CRIMINALIZACIÓN Y REPRESIÓN DE LOS TRABAJADORES.
Los despidos injustificados de referentes y activistas, la estigmatización pública de los dirigentes sindicales y la persecución penal por el ejercicio del derecho de huelga y de protesta, son cuestiones que se repiten en cada rincón de nuestro país.
En el caso de los trabajadores estatales, el Estado nacional estigmatizó a nuestros compañeros calificándolos como "ñoquis" (lo que en la argentina equivale a decir vagos, que trabajan solo un día al mes). Violando el derecho a la estabilidad, a un salario digno, a la libre agremiación y con una clara impronta de persecución ideológica, los trabajadores estatales sufrimos más de 20.000 desvinculaciones los primeros meses del nuevo gobierno.
Por otra parte, el sindicato provincial docente de Tierra del Fuego (SUTEF) se enfrenta a un proceso de persecución que involucra a las fuerzas policiales, el poder judicial y el ejecutivo de la provincia.
En el marco de una protesta sindical en 2013 las fuerzas policiales reprimieron ferozmente y un grupo de trabajadores fue imputado penalmente. Tras dos años de un proceso irregular varios docentes fueron condenados por atentado a la autoridad y lesiones leves. Tras las condenas, la gobernadora dispuso la exoneración de 17 delegados sindicales, apartándose de la sanción recomendada por el sumario administrativo: que era apenas una suspensión.
Asimismo, varios dirigentes han sido involucrados en procesos penales con el único objeto de intimidar y neutralizar al activismo sindical, con medidas como la prohibición de participar en manifestaciones públicas y la de ingresar a edificios estatales, como la legislatura e incluso las escuelas donde trabajan nuestros representados.
A su vez, un caso especialmente grave es el del delegado de la central nuclear estatal Atucha, Damián Straschenco, que fue envenenado en mayo de este año, cuando en su botella de agua personal se verificó la presencia de material radioactivo.
En lugar de aportar a investigar seriamente los hechos, la empresa estatal despidió al delegado por un antiguo sumario de dudosa legitimidad y le solicitó al juez que recaratulara la causa como "sabotaje". De esta forma Straschenco y sus compañeros quedaron imputados y hoy están siendo indagados en el juzgado federal. Todo esto en un contexto de crecientes despidos en la industria de la energía, con más de mil despidos en las centrales de Atucha durante 2017.
Por su parte, la próxima semana un grupo de delegados del periódico Perfil enfrentará un juicio oral por el ejercicio de su derecho de huelga. Se les acusa de cometer un delito contra la libertad de prensa por impedir la circulación del periódico, en el marco de un conflicto laboral. Una eventual sentencia condenatoria implicaría un golpe de muerte para los derechos de los trabajadores de medios periodísticos, a quienes les quedaría vedada la huelga.
Un proceso muy similar se sigue en contra de un grupo de delegados del Diario Uno de Mendoza, cesados y criminalizados por encabezar una protesta en 2013, en reclamo de compañeros despedidos.
También, en mayo de este año el Secretario General y el Adjunto del sindicato estatal de la Provincia de Río Negro (ATE), fueron detenidos por el ejercicio del derecho a la protesta, días después de una manifestación pública, e imputados por el delito de coacción agravada. En el caso del secretario general, esta es la tercera detención e imputación en menos de dos años por hechos similares.
También, la imposición de multas mediante la justicia contravenciona, por el legítimo ejercicio del derecho de huelga en los subterráneos de la ciudad de buenos aires, es expresión del clima de persecución sindical que se vive en la Argentina.
Asimismo, en el marco del conflicto salarial docente de la provincia de buenos aires, los gobiernos nacional y provincial denegaron el derecho de negociación colectiva a nivel nacional y desplegaron una fuertísima campaña de estigmatización de la lucha docente y sus dirigentes, que intentó operar como disciplinador del espectro de trabajadores en su conjunto. Incluso, como secretario general del sindicato fui amenazado, junto a mi familia.
Este proceso de estigmatización incluyó también episodios de represión policial, como el ocurrido frente al Congreso de la Nación mientras la central sindical docente CTERA instalaba la "Escuela Pública Itinerante". De noche, los docentes fueron reprimidos violentamente por un operativo conjunto de la policía federal y de la ciudad de buenos aires.
Lo propio ocurrió cuando las trabajadoras y trabajadores de Pepsico, que se encontraban ocupando pacíficamente la fábrica ante el cierre intempestivo de la planta y el despido del personal, fueron desalojados violentamente por un operativo conjunto de la policía bonaerense y la Gendarmería Nacional, con más de 500 agentes.
Por último, otro elemento preocupante es la creciente presencia de las fuerzas policiales en la gestión de los conflictos laborales. En el caso de los trabajadores estatales, por ejemplo, en muchas ocasiones fueron las propias fuerzas las que, en las puertas de los ministerios, comunicaban los despidos e impedían el ingreso de los trabajadores. Asimismo, durante el conflicto docente la policía se presentó en las escuelas para certificar quiénes adherían al paro, mientras que en otras ocasiones se desplegaron grandes números de efectivos para "custodiar" y, muchas veces, reprimir, a los trabajadores en conflicto.
AUDIENCIA ANTE LA CIDH: RETROCESOS EN EL PROCESO DE MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA EN LOS TRES PODERES DEL ESTADO ARGENTINO
Hoy se realizó una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre tendencias preocupantes en las políticas públicas y los fallos judiciales vinculados al proceso de Memoria, Verdad y Justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina.
En la audiencia en Montevideo, solicitada por 13 organismos de derechos humanos, expusieron Estela de Carlotto y Alan Iud de las Abuelas de Plaza de Mayo y Luz Palmás Zaldua del CELS. Estuvieron presentes también Taty Almeida de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Lita Boitano de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, entre otros referentes. Intervinieron representantes del Estado nacional y, de parte de la CIDH, el presidente de la Comisión, Francisco Eguiguren, el Comisionado Paulo Vannuchi y el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, quienes reivindicaron el compromiso de la Comisión con la lucha por la memoria, verdad, justicia y no impunidad.
Los organismos destacamos los avances en los últimos años en el juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad, la reparación integral de las víctimas, la restitución de la identidad de nietas y nietos apropiados, el hallazgo de información y la sistematización de archivos y la creación de sitios de memoria.
Desde fines de 2015, sin embargo, se han tomado acciones en los tres poderes del Estado que socavaron este proceso. En el Poder Ejecutivo Nacional, se debilitaron o desmantelaron dependencias como, por ejemplo, la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación, donde funcionaba el “Grupo Especial de Relevamiento Documental” que contribuía con las investigaciones judiciales y otro grupo especializado en la investigación de casos de apropiación de niños.
En el ámbito del Ministerio de Defensa, se derogó la resolución 85/2013 que prohibía que los imputados y condenados por crímenes de lesa humanidad atendieran su salud en hospitales de las Fuerzas Armadas. Y en diciembre de 2016, el Servicio Penitenciario Federal –dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación– dispuso que los detenidos procesados y condenados por estos delitos fueran trasladados a una unidad penitenciaria que funciona en la guarnición Militar de Campo de Mayo, lo cual constituye un régimen carcelario de privilegio.
A la vez, algunos funcionarios nacionales han promovido un discurso público que relativiza la gravedad del terrorismo de Estado, llegando incluso al negacionismo.
En el Poder Judicial se dictaron fallos que representan regresiones en la jurisprudencia sobre los crímenes de lesa humanidad, empezando por la decisión en el caso Muiña (que aplicó la ley “2 por 1”) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que provocó un repudio social amplio e inmediato. Unos meses antes la Corte había declarado la prescripción de las acciones civiles contra el Estado derivadas de estos delitos en el caso “Villamil”. Y hubo otros fallos recientes que preocupan, como por ejemplo la revocación de la única condena a un empresario por delitos de lesa humanidad en el caso de la Veloz del Norte.
El presidente de la CIDH reiteró la preocupación de la Comisión por el fallo en el caso Muiña y la interpretación de la CSJN en el caso de Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina, que se sigue tramitando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por otro lado, hay una dilación histórica en la resolución de las causas penales por estos crímenes, tanto por parte de la CSJN como de la Cámara Federal de Casación Penal. Además, la postergación del inicio de juicios es recurrente. A junio de este año, había 50 causas elevadas a juicio y a la espera del inicio del debate oral.
Finalmente informamos a la CIDH que en el Poder Legislativo no se ha conformado aún la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la última dictadura militar, creada por ley en noviembre de 2015.
A la luz de todos estos acontecimientos, solicitamos al Estado argentino:
Que
garantice las políticas necesarias para asegurar la plena continuidad y
profundización del proceso de Memoria, Verdad y Justicia por los
crímenes de lesa humanidad en la Argentina.
Que
el Poder Ejecutivo restablezca las políticas públicas desmanteladas y
resuelva reincorporar al personal especializado que fue desplazado sin
causa.
Que
el Poder Judicial cumpla con las obligaciones internacionales de
sancionar adecuadamente a los responsables de crímenes de lesa humanidad
y diseñe estrategias para acelerar las investigaciones y los juicios
orales.
Que
se avance en la investigación y el juzgamiento de empresarios,
directivos y/o personal jerárquico de empresas involucrados en crímenes
de lesa humanidad.
Que
el Poder Legislativo ponga en marcha la Comisión Bicameral de
Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la
última dictadura militar.
Los organismos solicitantes de la audiencia son:
Abuelas de Plaza de Mayo
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) La Matanza
Asociación Buena Memoria
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz
Fundación Memoria Histórica y Social Argentina
H.I.J.O.S. Capital
Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH)
El dirigente destacó la presencia de Sindicatos y Organismos de DDHH para presentar todos los ataques: "Con un grado muy importante de cinismo, el Gobierno negó cercenar Derechos laborales, la represión a los Docentes frente al Congreso y a lxs Trabajadorxs de Pepsico. Hoy estamos presentes las Organizaciones Sociales, la Justicia laboral, los abogados laboralistas, destacando la presencia de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y de todos aquellos que nos preocupamos por defender la plena vigencia de los Derechos Laborales y Sociales. Mientras que por parte del Gobierno hay una actitud totalmente ofensiva".
A su vez, Baradel señaló respecto a la Educación: "En el marco del conflicto salarial docente de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno Nacional y Provincial denegaron el derecho de negociación colectiva a nivel nacional y desplegaron una fuertísima campaña de estigmatización de la lucha docente y sus dirigentes, que intentó operar como disciplinador del espectro de Trabajadores en su conjunto. Incluso, como Secretario General del sindicato fui amenazado, junto a mi familia".
Otro elemento preocupante es la creciente presencia de las fuerzas policiales en la gestión de los conflictos laborales, por lo que el Secretario General sostuvo: "En el caso de los Trabajadores Estatales, en muchas ocasiones fueron las propias fuerzas las que, en las puertas de los Ministerios, comunicaban los despidos e impedían el ingreso de los Trabajadores. Asimismo, durante el conflicto docente, la policía se presentó en las Escuelas para certificar quiénes adherían al paro, mientras que en otras ocasiones se desplegaron grandes números de efectivos para custodiar y, muchas veces, reprimir a los Trabajadores en conflicto".
Por último, Baradel cerró su exposición en la audiencia: "Por todo lo expresado, venimos a hacer esta denuncia, que la lleva adelante el CELS y que agrupó a una serie de Sindicatos por los ataques que hemos sufrido. El Gobierno dice que hubo negociación, pero ocultan que quisieron poner voluntarios, que hicieron una cacería con la quita de personería gremial y que negó protección cuando amenazaron de muerte a mi familia. Claramente, el Gobierno pretende disciplinar a la Clase Trabajadora. Con nuestro reclamo, también estamos exigiendo la libertad de Milagro Sala y justicia y verdad por Santiago Maldonado".
La audiencia contó con la importante presencia de la Secretaria General de CTERA, Sonia Alesso, quien se pronunció en "repudio a la represión a la protesta social y a la persecución a nuestros líderes sindicales". Cabe destacar que participaron Diego Morales (CELS), Matías Cremonte (AAL), ANJUT, Hugo Blasco (CTA Autónoma), Álvaro Ruiz (CGT), Gustavo Ciampa (Corriente Abogados 7 de Julio) y Carla Gaudensi (SiPreBA).
Documento presentación Roberto Baradel
LA PERSECUCIÓN, CRIMINALIZACIÓN Y REPRESIÓN DE LOS TRABAJADORES.
Los despidos injustificados de referentes y activistas, la estigmatización pública de los dirigentes sindicales y la persecución penal por el ejercicio del derecho de huelga y de protesta, son cuestiones que se repiten en cada rincón de nuestro país.
En el caso de los trabajadores estatales, el Estado nacional estigmatizó a nuestros compañeros calificándolos como "ñoquis" (lo que en la argentina equivale a decir vagos, que trabajan solo un día al mes). Violando el derecho a la estabilidad, a un salario digno, a la libre agremiación y con una clara impronta de persecución ideológica, los trabajadores estatales sufrimos más de 20.000 desvinculaciones los primeros meses del nuevo gobierno.
Por otra parte, el sindicato provincial docente de Tierra del Fuego (SUTEF) se enfrenta a un proceso de persecución que involucra a las fuerzas policiales, el poder judicial y el ejecutivo de la provincia.
En el marco de una protesta sindical en 2013 las fuerzas policiales reprimieron ferozmente y un grupo de trabajadores fue imputado penalmente. Tras dos años de un proceso irregular varios docentes fueron condenados por atentado a la autoridad y lesiones leves. Tras las condenas, la gobernadora dispuso la exoneración de 17 delegados sindicales, apartándose de la sanción recomendada por el sumario administrativo: que era apenas una suspensión.
Asimismo, varios dirigentes han sido involucrados en procesos penales con el único objeto de intimidar y neutralizar al activismo sindical, con medidas como la prohibición de participar en manifestaciones públicas y la de ingresar a edificios estatales, como la legislatura e incluso las escuelas donde trabajan nuestros representados.
A su vez, un caso especialmente grave es el del delegado de la central nuclear estatal Atucha, Damián Straschenco, que fue envenenado en mayo de este año, cuando en su botella de agua personal se verificó la presencia de material radioactivo.
En lugar de aportar a investigar seriamente los hechos, la empresa estatal despidió al delegado por un antiguo sumario de dudosa legitimidad y le solicitó al juez que recaratulara la causa como "sabotaje". De esta forma Straschenco y sus compañeros quedaron imputados y hoy están siendo indagados en el juzgado federal. Todo esto en un contexto de crecientes despidos en la industria de la energía, con más de mil despidos en las centrales de Atucha durante 2017.
Por su parte, la próxima semana un grupo de delegados del periódico Perfil enfrentará un juicio oral por el ejercicio de su derecho de huelga. Se les acusa de cometer un delito contra la libertad de prensa por impedir la circulación del periódico, en el marco de un conflicto laboral. Una eventual sentencia condenatoria implicaría un golpe de muerte para los derechos de los trabajadores de medios periodísticos, a quienes les quedaría vedada la huelga.
Un proceso muy similar se sigue en contra de un grupo de delegados del Diario Uno de Mendoza, cesados y criminalizados por encabezar una protesta en 2013, en reclamo de compañeros despedidos.
También, en mayo de este año el Secretario General y el Adjunto del sindicato estatal de la Provincia de Río Negro (ATE), fueron detenidos por el ejercicio del derecho a la protesta, días después de una manifestación pública, e imputados por el delito de coacción agravada. En el caso del secretario general, esta es la tercera detención e imputación en menos de dos años por hechos similares.
También, la imposición de multas mediante la justicia contravenciona, por el legítimo ejercicio del derecho de huelga en los subterráneos de la ciudad de buenos aires, es expresión del clima de persecución sindical que se vive en la Argentina.
Asimismo, en el marco del conflicto salarial docente de la provincia de buenos aires, los gobiernos nacional y provincial denegaron el derecho de negociación colectiva a nivel nacional y desplegaron una fuertísima campaña de estigmatización de la lucha docente y sus dirigentes, que intentó operar como disciplinador del espectro de trabajadores en su conjunto. Incluso, como secretario general del sindicato fui amenazado, junto a mi familia.
Este proceso de estigmatización incluyó también episodios de represión policial, como el ocurrido frente al Congreso de la Nación mientras la central sindical docente CTERA instalaba la "Escuela Pública Itinerante". De noche, los docentes fueron reprimidos violentamente por un operativo conjunto de la policía federal y de la ciudad de buenos aires.
Lo propio ocurrió cuando las trabajadoras y trabajadores de Pepsico, que se encontraban ocupando pacíficamente la fábrica ante el cierre intempestivo de la planta y el despido del personal, fueron desalojados violentamente por un operativo conjunto de la policía bonaerense y la Gendarmería Nacional, con más de 500 agentes.
Por último, otro elemento preocupante es la creciente presencia de las fuerzas policiales en la gestión de los conflictos laborales. En el caso de los trabajadores estatales, por ejemplo, en muchas ocasiones fueron las propias fuerzas las que, en las puertas de los ministerios, comunicaban los despidos e impedían el ingreso de los trabajadores. Asimismo, durante el conflicto docente la policía se presentó en las escuelas para certificar quiénes adherían al paro, mientras que en otras ocasiones se desplegaron grandes números de efectivos para "custodiar" y, muchas veces, reprimir, a los trabajadores en conflicto.
AUDIENCIA ANTE LA CIDH: RETROCESOS EN EL PROCESO DE MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA EN LOS TRES PODERES DEL ESTADO ARGENTINO
Hoy se realizó una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre tendencias preocupantes en las políticas públicas y los fallos judiciales vinculados al proceso de Memoria, Verdad y Justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina.
En la audiencia en Montevideo, solicitada por 13 organismos de derechos humanos, expusieron Estela de Carlotto y Alan Iud de las Abuelas de Plaza de Mayo y Luz Palmás Zaldua del CELS. Estuvieron presentes también Taty Almeida de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Lita Boitano de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, entre otros referentes. Intervinieron representantes del Estado nacional y, de parte de la CIDH, el presidente de la Comisión, Francisco Eguiguren, el Comisionado Paulo Vannuchi y el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, quienes reivindicaron el compromiso de la Comisión con la lucha por la memoria, verdad, justicia y no impunidad.
Los organismos destacamos los avances en los últimos años en el juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad, la reparación integral de las víctimas, la restitución de la identidad de nietas y nietos apropiados, el hallazgo de información y la sistematización de archivos y la creación de sitios de memoria.
Desde fines de 2015, sin embargo, se han tomado acciones en los tres poderes del Estado que socavaron este proceso. En el Poder Ejecutivo Nacional, se debilitaron o desmantelaron dependencias como, por ejemplo, la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación, donde funcionaba el “Grupo Especial de Relevamiento Documental” que contribuía con las investigaciones judiciales y otro grupo especializado en la investigación de casos de apropiación de niños.
En el ámbito del Ministerio de Defensa, se derogó la resolución 85/2013 que prohibía que los imputados y condenados por crímenes de lesa humanidad atendieran su salud en hospitales de las Fuerzas Armadas. Y en diciembre de 2016, el Servicio Penitenciario Federal –dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación– dispuso que los detenidos procesados y condenados por estos delitos fueran trasladados a una unidad penitenciaria que funciona en la guarnición Militar de Campo de Mayo, lo cual constituye un régimen carcelario de privilegio.
A la vez, algunos funcionarios nacionales han promovido un discurso público que relativiza la gravedad del terrorismo de Estado, llegando incluso al negacionismo.
En el Poder Judicial se dictaron fallos que representan regresiones en la jurisprudencia sobre los crímenes de lesa humanidad, empezando por la decisión en el caso Muiña (que aplicó la ley “2 por 1”) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que provocó un repudio social amplio e inmediato. Unos meses antes la Corte había declarado la prescripción de las acciones civiles contra el Estado derivadas de estos delitos en el caso “Villamil”. Y hubo otros fallos recientes que preocupan, como por ejemplo la revocación de la única condena a un empresario por delitos de lesa humanidad en el caso de la Veloz del Norte.
El presidente de la CIDH reiteró la preocupación de la Comisión por el fallo en el caso Muiña y la interpretación de la CSJN en el caso de Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina, que se sigue tramitando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por otro lado, hay una dilación histórica en la resolución de las causas penales por estos crímenes, tanto por parte de la CSJN como de la Cámara Federal de Casación Penal. Además, la postergación del inicio de juicios es recurrente. A junio de este año, había 50 causas elevadas a juicio y a la espera del inicio del debate oral.
Finalmente informamos a la CIDH que en el Poder Legislativo no se ha conformado aún la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la última dictadura militar, creada por ley en noviembre de 2015.
A la luz de todos estos acontecimientos, solicitamos al Estado argentino:
Que
garantice las políticas necesarias para asegurar la plena continuidad y
profundización del proceso de Memoria, Verdad y Justicia por los
crímenes de lesa humanidad en la Argentina. Que
el Poder Ejecutivo restablezca las políticas públicas desmanteladas y
resuelva reincorporar al personal especializado que fue desplazado sin
causa. Que
el Poder Judicial cumpla con las obligaciones internacionales de
sancionar adecuadamente a los responsables de crímenes de lesa humanidad
y diseñe estrategias para acelerar las investigaciones y los juicios
orales. Que
se avance en la investigación y el juzgamiento de empresarios,
directivos y/o personal jerárquico de empresas involucrados en crímenes
de lesa humanidad. Que
el Poder Legislativo ponga en marcha la Comisión Bicameral de
Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la
última dictadura militar.Los organismos solicitantes de la audiencia son:
Abuelas de Plaza de Mayo
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) La Matanza
Asociación Buena Memoria
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz
Fundación Memoria Histórica y Social Argentina
H.I.J.O.S. Capital
Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH)
